EL ESTADO TE PROMETE EL PRESENTE. ¿QUIÉN COÑO PAGA EL FUTURO?

Imagina una campaña electoral extraña. Un candidato sube al escenario y dice: “Voy a mejorar las pensiones, la sanidad y la vivienda. También reforzaré defensa, ayudaré a las familias y bajaré algunos impuestos. Pero para pagarlo tendré que cobrarte bastante más, recortar otras cosas o hacer que trabajemos más años”. Probablemente no sea el discurso más viral de la noche.

Su rival tiene una alternativa más agradable: promete buena parte de lo mismo, evita concretar demasiado quién pagará y deja que una parte de la diferencia aparezca como déficit. El beneficio tiene nombre, fecha y votantes. El coste puede repartirse entre millones de contribuyentes futuros, refinanciaciones dentro de veinte años y una partida llamada “intereses de la deuda” que casi nadie pone en un cartel electoral.

Ahí está la pregunta incómoda de este artículo. No si la sanidad pública es buena o mala. No si la izquierda “regala” y la derecha “gestiona”. La pregunta interesante es otra: ¿qué ocurre cuando una democracia puede prometer beneficios visibles hoy y desplazar una parte de su coste hacia mañana?

La respuesta no es “socialismo = imprimir dinero”. Esa frase mezcla política fiscal, deuda y política monetaria hasta volverlas irreconocibles. Pero debajo de la caricatura sí existe un problema serio: las democracias modernas han construido compromisos enormes y políticamente difíciles de retirar, mientras el envejecimiento, los intereses, la defensa y otras demandas compiten por una base fiscal que no crece mágicamente. Y cuando nadie quiere elegir entre impuestos, reformas o recortes, la deuda se convierte en la salida de emergencia.

PRIMERO: EL ESTADO NO TIENE DINERO. TIENE CAPACIDAD DE COBRARLO, PEDIRLO PRESTADO Y GASTARLO

Una familia recibe ingresos y después decide cuánto gastar. Un Estado moderno funciona de otra manera institucionalmente, pero no escapa a una restricción real: no puede conseguir médicos, profesores, viviendas, energía, acero o cuidadores ilimitados escribiendo números en una cuenta.

Para financiar gasto tiene, simplificando, tres caminos. Puede recaudar impuestos y otras rentas. Puede emitir deuda pública. Y en países que controlan su propia moneda existe además una relación entre Tesoro, sistema bancario y banco central que permite crear dinero base. Pero esas tres vías no son equivalentes y, sobre todo, la tercera no convierte recursos escasos en gratuitos.

Ya explicamos en cómo puede un país gastar dinero que no tiene que un déficit es la diferencia entre lo que el Estado gasta y lo que ingresa. Si recauda 100 y gasta 110, alguien tiene que financiar esos 10. Normalmente lo hace comprando bonos. La deuda de hoy es una promesa de pagos futuros.

Por eso la frase “lo paga el gobierno” es casi siempre incompleta. El gobierno es un mecanismo de reparto. Al final pagan, en combinaciones distintas, contribuyentes actuales, contribuyentes futuros, usuarios de servicios, tenedores de deuda si hay impago o represión financiera y, en determinados regímenes monetarios, quienes soportan las consecuencias de una inflación mayor.

EL ESTADO DEL BIENESTAR ES ENORME. Y ESO NO ES, POR SÍ SOLO, UN ARGUMENTO CONTRA ÉL

En la Unión Europea, las prestaciones de protección social equivalieron al 27,3% del PIB en 2024. Casi la mitad correspondió a vejez y supervivencia, y cerca de otro 30% a enfermedad y atención sanitaria. Son cantidades gigantescas porque cubren riesgos gigantescos: enfermar, envejecer, perder ingresos, tener hijos o quedar discapacitado.

Es importante decirlo porque el debate suele empezar haciendo trampas. El Estado del bienestar no es simplemente una bolsa de regalos electorales. Una parte importante funciona como seguro colectivo y redistribución a lo largo de la vida. Una persona puede pagar durante décadas y recibir mucho más cuando enferma o se jubila. Además, educación, salud, nutrición infantil o determinadas infraestructuras pueden aumentar productividad futura. Gasto público y consumo político no son sinónimos.

También es falso que un Estado grande sea necesariamente insolvente. Países nórdicos han sostenido durante décadas impuestos altos, servicios públicos amplios y finanzas relativamente disciplinadas. El tamaño del Estado importa menos de lo que parece si la sociedad acepta financiarlo de forma explícita y las instituciones obligan a cuadrar las promesas con los ingresos.

El problema aparece cuando queremos el Estado del bienestar de un país de impuestos altos, la presión fiscal de uno de impuestos bajos, la edad de jubilación de una sociedad joven y la deuda de una economía que nunca envejece. Esas cuatro cosas juntas son bastante más difíciles.

LA BOMBA NO ES “EL SOCIALISMO”. ES LA ARITMÉTICA DEMOGRÁFICA

Europa envejece. Estados Unidos envejece. Japón lleva décadas enseñándonos qué aspecto tiene una sociedad donde cada vez hay más jubilados respecto a trabajadores. Esto cambia la política porque buena parte del gasto social no se decide desde cero cada enero: viene incorporado en leyes, fórmulas y derechos adquiridos.

En Estados Unidos, la CBO proyecta que Social Security y Medicare pasarán del 8,7% del PIB en 2027 al 10,1% en 2036. El número de mayores de 65 años crecería alrededor de un 15% durante la próxima década, mientras los costes sanitarios por beneficiario siguen aumentando. La misma CBO acaba de proyectar que el fondo de vejez de Social Security agotará sus reservas en 2032 bajo la legislación actual.

Europa enfrenta su propia versión. El Ageing Report de la Comisión Europea proyecta pensiones, sanidad, cuidados de larga duración y educación hasta 2070. Los resultados varían mucho por país, precisamente porque las reglas importan: edad efectiva de jubilación, indexación, migración, productividad, participación laboral y diseño sanitario cambian la factura.

Si quieres ver el mecanismo sin ruido partidista, está en nuestra pieza ¿quién va a pagar tu pensión cuando te jubiles?. En muchos sistemas de reparto, las cotizaciones actuales financian prestaciones actuales. No hay una caja gigantesca con tu nombre esperando cuarenta años. Cuando cambia la relación entre trabajadores y pensionistas, alguien tiene que cotizar más, recibir relativamente menos, jubilarse después o cubrir la diferencia con otros impuestos y deuda.

Eso no es neoliberalismo ni socialismo. Es división.

Y AQUÍ ENTRA LA DEMOCRACIA: EL BENEFICIO VOTA HOY. LA FACTURA PUEDE VOTAR DENTRO DE TREINTA AÑOS

La intuición que planteabas tiene un nombre más interesante que “los políticos regalan”: sesgo hacia el presente. La economía política lleva décadas estudiando por qué los gobiernos pueden acumular déficits persistentes incluso cuando todo el mundo acepta en abstracto que las cuentas deberían ser sostenibles.

Una explicación es la llamada fiscal illusion: el votante percibe con mucha claridad el servicio o la transferencia que recibe, pero el coste de financiarlo mediante deuda queda disperso y desplazado en el tiempo. Otra estudia la redistribución entre generaciones. Otra observa cómo un gobierno puede utilizar deuda para condicionar al siguiente. Y otra pone el foco en coaliciones y grupos distintos que quieren proteger “su” partida mientras esperan que el ajuste recaiga en otra.

Pero hay que introducir un matiz enorme. La evidencia no dice que “democracia = déficit electoral permanente”. La investigación encuentra ciclos electorales más claros en democracias nuevas y países de renta baja; en democracias avanzadas consolidadas el efecto electoral directo suele ser mucho menor. Las instituciones importan muchísimo. De hecho, esa diferencia es una pista de la solución.

El problema democrático no es que los ciudadanos sean idiotas. Es que el sistema político hace mucho más visible el coste de quitar un beneficio concreto que el coste difuso de mantenerlo con deuda. Una reforma de pensiones tiene manifestantes identificables esta tarde. Los intereses adicionales que pagará un trabajador de 24 años en 2048 no tienen pancarta.

POR ESO IZQUIERDA Y DERECHA PUEDEN TERMINAR EN EL MISMO DÉFICIT POR CAMINOS DISTINTOS

Aquí conviene romper otra simplificación. La izquierda europea suele defender un Estado del bienestar más amplio y, por tanto, más gasto y normalmente más impuestos. La derecha suele preferir un Estado más pequeño, mercados más libres y menor presión fiscal. Es una diferencia política real. Fingir que no existe sería absurdo.

Lo que no se sigue de ahí es que la derecha sea automáticamente fiscalmente conservadora. Un gobierno puede aumentar el déficit gastando más sin subir impuestos. También puede aumentarlo bajando impuestos sin reducir gasto. Puede subvencionar industrias, elevar defensa, proteger pensiones, rescatar empresas o aprobar transferencias. El color de la pancarta cambia; la identidad contable no.

Estados Unidos ofrece un ejemplo brutalmente claro. Para 2026, la CBO proyecta ingresos federales del 17,5% del PIB y gasto del 23,3%: un déficit del 5,8% del PIB en una economía que no está proyectada en depresión. Bajo las leyes vigentes a comienzos de este año, la deuda en manos del público subiría del 101% del PIB en 2026 al 120% en 2036. La CBO atribuye buena parte del deterioro reciente de su proyección a legislación aprobada en 2025 que redujo ingresos netos respecto a la trayectoria anterior.

Eso ayuda a entender la ruptura pública entre Donald Trump y Elon Musk en 2025 alrededor del enorme paquete fiscal republicano. Musk había convertido la reducción del gasto federal en bandera política; Trump y el Congreso republicano terminaron respaldando un paquete que combinaba prioridades fiscales y de gasto con un aumento sustancial de los déficits proyectados. No hace falta convertir a ninguno en héroe o villano. El episodio ilustra el mecanismo: recortar “el gasto” en abstracto es popular entre ciertos votantes; eliminar programas, beneficios o deducciones concretas es otra historia.

La democracia no obliga matemáticamente a gastar más. Pero obliga a construir una coalición que acepte quién pierde cuando intentas gastar menos.

ESPERA: ¿ESO SIGNIFICA QUE EL DÉFICIT SE PAGA “IMPRIMIENDO DINERO”?

No. Y esta distinción es crucial.

En Estados Unidos, el Tesoro financia sus déficits emitiendo deuda al público. La Reserva Federal dice explícitamente que no compra deuda nueva directamente al Tesoro para financiar el déficit. En la eurozona la separación es todavía más explícita: el artículo 123 del Tratado prohíbe al BCE y a los bancos centrales nacionales financiar directamente a los gobiernos o comprar su deuda en el mercado primario.

Cuando un banco central hace política monetaria y compra bonos en el mercado secundario, crea reservas. Eso puede reducir yields, modificar condiciones financieras y elevar precios de activos. Pero no es contablemente lo mismo que el gobierno “encendiendo la impresora para pagar hospitales”. El Banco de Inglaterra describe el QE como un intercambio de activos y subraya que no es gasto fiscal ni financiación directa del gobierno.

Entonces, ¿por qué deuda e impresión de dinero aparecen tanto en la misma conversación? Porque interactúan. Un Estado muy endeudado es más sensible a tipos altos. Si los intereses se comen una parte creciente del presupuesto, aparece presión política para que las condiciones financieras sean más benignas. Si un banco central subordinara su objetivo de precios a mantener barata la financiación pública, entraríamos en lo que los economistas llaman dominancia fiscal.

Ese es el riesgo serio. No “cada euro de sanidad imprime un euro”. El riesgo es construir una estructura fiscal tan difícil de financiar que la política monetaria termine enfrentándose a una elección cada vez más desagradable entre inflación, costes de deuda, estabilidad financiera y disciplina fiscal.

LA DEUDA ES TAN POLÍTICAMENTE ÚTIL PORQUE ESCONDE EL MOMENTO DEL PAGO

Subir un impuesto tiene una fecha. Recortar una pensión tiene una víctima. Emitir un bono tiene un comprador.

Eso hace de la deuda una herramienta extraordinaria y peligrosa a la vez. Extraordinaria porque permite repartir en el tiempo el coste de una guerra, una pandemia, una recesión o una infraestructura que beneficiará a varias generaciones. Sería absurdo exigir que cada crisis se pagara íntegramente con impuestos del mismo año.

Pero la misma tecnología permite financiar gasto corriente persistente sin mostrar inmediatamente su coste completo. Y cuando el déficit se repite en años buenos y malos, la deuda deja de ser un puente entre shocks y se convierte en una característica estructural.

El FMI estima que la deuda pública mundial rozó el 94% del PIB en 2025 y proyecta que alcance el 100% en 2029. Señala simultáneamente presiones por gasto social, defensa, autonomía estratégica e intereses. No hay un único culpable ideológico. Hay demasiadas demandas compitiendo por recursos finitos.

El interés hace el resto. En Estados Unidos, la CBO proyecta que el gasto neto por intereses pase de alrededor de $1 billón en 2026 a $2,1 billones en 2036. Como porcentaje del PIB, subiría del 3,3% al 4,6%. Cada dólar de intereses es un dólar que el presupuesto no puede utilizar simultáneamente para educación, defensa, bajar impuestos o reducir deuda.

Ahí aparece la verdadera hipoteca intergeneracional. No porque nuestros hijos tengan que “pagar toda la deuda” como quien cancela una tarjeta, sino porque heredarán un presupuesto con menos grados de libertad. Lo explicamos en por qué un país no necesita pagar toda su deuda: lo que importa es si puede sostenerla sin que el servicio de esa deuda empiece a desplazar otras prioridades o exigir ajustes cada vez más duros.

¿Y ESTO EMPEORA LA ECONOMÍA EN FORMA DE K?

Puede hacerlo. Pero aquí también hay que evitar el salto causal fácil.

El gasto social puede reducir desigualdad de forma directa: una transferencia, una escuela pública o un sistema sanitario pueden beneficiar proporcionalmente más a quien tiene menos patrimonio. Sería absurdo afirmar que todo Estado del bienestar agrava una economía en K. Muchas de sus instituciones nacieron precisamente para hacer lo contrario.

La otra cara aparece cuando déficits persistentes coinciden con políticas monetarias muy expansivas, tipos reales bajos y abundante liquidez. Esas condiciones pueden elevar el precio de acciones, bonos y vivienda. Quien ya posee activos participa en la subida; quien depende principalmente de su salario puede encontrarse con que la entrada al patrimonio se aleja más deprisa que sus ingresos. Nuestra pieza sobre la economía en forma de K explica precisamente esa divergencia.

Pero no debemos confundir secuencia con identidad. Déficit fiscal no implica automáticamente QE. QE no implica automáticamente inflación de vivienda. Y los precios de activos responden también a productividad, oferta de suelo, regulación, demografía, beneficios empresariales y ahorro global. La tesis defendible es más precisa: cuando el sistema responde repetidamente a problemas políticos y económicos sosteniendo demanda, crédito y precios de activos, los propietarios de activos suelen disponer de una protección que los jóvenes sin patrimonio no tienen.

Por eso una política que pretende proteger el presente puede, si se financia mal durante décadas, terminar haciendo más difícil la entrada al patrimonio de la generación a la que dice proteger.

ENTONCES, ¿LA SOLUCIÓN ES MENOS ESTADO?

A veces. Pero no necesariamente.

Si un programa cuesta mucho, produce poco y sobrevive únicamente porque cada beneficiario está organizado mientras cada contribuyente paga una fracción invisible, eliminarlo puede mejorar las cuentas y la economía. Lo mismo ocurre con subsidios mal diseñados, burocracia redundante o transferencias capturadas por grupos con poder político.

Pero “menos gasto” no especifica qué gasto. Recortar mantenimiento, educación temprana o infraestructura productiva puede mejorar el déficit de este año y empeorar la capacidad fiscal de dentro de veinte. Un Estado puede ser pequeño y fiscalmente irresponsable si recauda todavía menos. Y puede ser grande y sostenible si cobra impuestos suficientes, prioriza y mantiene una economía productiva.

La pregunta correcta no es cuánto Estado en abstracto. Es qué queremos que haga, cuánto cuesta, quién lo paga y qué crecimiento futuro produce o destruye.

¿MENOS DEMOCRACIA?

Tampoco se sigue.

Un autócrata no tiene elecciones cada cuatro años, pero sí necesita mantener coaliciones de poder, comprar lealtades y evitar oposición. Puede endeudarse, subvencionar aliados, esconder cuentas o financiar megaproyectos improductivos sin que una oposición parlamentaria le haga preguntas. Quitar elecciones elimina un mecanismo de rendición de cuentas además del incentivo electoral.

La evidencia comparada apunta hacia una solución menos cinematográfica: mejor democracia con mejores restricciones presupuestarias. Reglas fiscales, presupuestos plurianuales, organismos independientes, transparencia sobre obligaciones futuras y procedimientos que obliguen a decir qué se sacrifica cuando aparece una promesa nueva.

Es menos sexy que “hay que desmontar el Estado”. También funciona mejor.

SUECIA: UN ESTADO DEL BIENESTAR GRANDE QUE DECIDIÓ PONERSE LÍMITES

Suecia es un contraejemplo útil porque destruye dos caricaturas a la vez. Tiene un Estado del bienestar amplio y, después de su grave crisis de los años noventa, construyó un marco fiscal diseñado precisamente para impedir que las buenas intenciones se conviertan en déficits permanentes.

Su sistema combina objetivo de saldo público, ancla de deuda, techo de gasto, exigencia de equilibrio para gobiernos locales, un proceso presupuestario estricto, transparencia y supervisión externa. Desde 2027, el objetivo será equilibrio del sector público a lo largo del ciclo económico y el ancla de deuda se sitúa en el 35% del PIB.

La lección no es “copiemos Suecia”. Su estructura económica, impuestos, instituciones y cultura política son particulares. La lección es más potente: un Estado del bienestar no necesita financiarse fingiendo que es gratis. Puedes decidir colectivamente que quieres muchos servicios y, al mismo tiempo, obligarte colectivamente a reconocer su coste.

SUIZA: PUEDES PONERLE UN FRENO A TU PROPIO PARLAMENTO

Suiza ofrece otra arquitectura. Su freno de deuda, aprobado en referéndum por el 85% de los votantes en 2001, limita el gasto ordinario a los ingresos ajustados por el ciclo. Permite déficits en recesiones y exige compensarlos con superávits en fases mejores. También contempla gasto extraordinario para crisis, pero obliga a amortizar posteriormente esos excesos.

Entre 2003 y 2019 la deuda federal nominal se redujo en unos CHF 27.000 millones. Durante la pandemia el sistema permitió movilizar alrededor de CHF 30.000 millones extraordinarios sin fingir que el shock no existía; esa deuda quedó sujeta a un plan posterior de reducción.

Ese diseño ataca exactamente el problema democrático del que hablamos. No prohíbe gastar. No prohíbe tener servicios públicos. No exige equilibrar el presupuesto en medio de una recesión. Lo que hace es impedir que “esta vez es especial” se convierta todos los años en la política fiscal normal.

EL EQUILIBRIO EXISTE. PERO EXIGE HACER POLÍTICAMENTE VISIBLE LO QUE AHORA ESCONDEMOS

Si quieres un Estado del bienestar amplio, hay una versión adulta de esa preferencia: impuestos suficientes, edad de jubilación compatible con la demografía, revisión periódica del gasto, crecimiento de productividad y reglas que impidan financiar permanentemente consumo corriente con deuda.

Si quieres un Estado más pequeño, también hay una versión adulta: especificar qué pensiones, prestaciones, subvenciones, deducciones, defensa, sanidad o servicios vas a reducir. “Eliminar despilfarro” rara vez alcanza la escala que prometen las campañas. Los grandes números del presupuesto viven en programas grandes.

Y si quieres bajar impuestos, la misma regla: explica qué gasto desaparece o por qué el crecimiento adicional será suficiente para cerrar el hueco. Si no ocurre ninguna de las dos cosas, una rebaja fiscal puede ser tan financiada con deuda como un nuevo programa social.

Eso sugiere una regla editorialmente poco emocionante y políticamente revolucionaria: cada promesa permanente debería venir acompañada de una financiación permanente. No necesariamente el mismo año; sí a lo largo del ciclo y con hipótesis públicas sobre demografía, tipos y crecimiento.

Las instituciones útiles ya existen: techos de gasto, frenos de deuda, consejos fiscales independientes, revisiones de gasto, presupuestos generacionales, cláusulas de caducidad y reglas que obliguen a evaluar programas existentes antes de crear otros. La OCDE insiste precisamente en integrar las revisiones de gasto en el proceso presupuestario y en utilizar marcos de medio plazo, objetivos fiscales claros y evaluación de resultados.

EL PROBLEMA NO ES QUE EL GOBIERNO “REGALE”. ES QUE LA POLÍTICA PUEDE SEPARAR LA PROMESA DEL PRECIO

Y eso cambia bastante la conclusión.

Hay cosas que merece la pena financiar colectivamente aunque sean caras. Una sociedad puede decidir que nadie debería arruinarse por tener cáncer, que un niño merece educación aunque sus padres sean pobres o que los ancianos no deberían depender exclusivamente de haber acertado invirtiendo durante cuarenta años. Esas son decisiones políticas legítimas.

Lo irresponsable empieza cuando convertimos “merece la pena” en “no tiene coste”.

La izquierda puede caer en esa trampa prometiendo prestaciones sin aceptar los impuestos o reformas necesarios para financiarlas. La derecha puede caer exactamente en la misma trampa prometiendo rebajas fiscales, pensiones intactas, defensa, subsidios industriales o rescates sin reducir gasto equivalente. Ambos pueden llamar al agujero de manera distinta. El mercado de bonos lo llama déficit.

Y el futuro lo llama factura.

LA PREGUNTA QUE DEBERÍAMOS HACERLE A CADA POLÍTICO

No es “¿cuánto vas a gastar?”. Tampoco “¿cuánto vas a recortar?”.

Es: ¿qué recibimos, quién lo paga, cuándo lo paga y qué ocurre si tus previsiones son demasiado optimistas?

Porque la restricción presupuestaria siempre termina apareciendo. Puede aparecer como impuestos. Como menor prestación. Como jubilación más tardía. Como intereses. Como inflación si la política monetaria termina subordinada. Como menor inversión pública. O como una crisis que obliga a hacer en seis meses el ajuste que nadie quiso hacer durante veinte años.

La política puede elegir el reparto.

No puede abolir la factura.